La educación como campo de acción y control: Subordinación del Sistema Educativo al proyecto político (militar): sanción de la Ley 14.101

Durante la década de los 60 el país vivió un momento histórico muy complejo caracterizado por una aguda crisis política, tensión social y restricciones presupuestarias que afectaron el sistema educativo. Éste era concebido por los más jóvenes como ineficiente para lograr la anhelada movilidad social que en otros tiempos la educación había ganado como prometedora de progreso y posibilidad de futuro para las generaciones más jóvenes.

 

Los temas vinculados a la educación eran protagónicos en medio de la tensión social que reinaba en el país: movimientos estudiantiles, confrontación del poder ejecutivo con los sindicatos docentes, ocupaciones de instituciones educativas, incidentes en universidades y liceos, suspensión de clases, marchas de protestas por estudiantes muertos, formaban parte del contexto educativo nacional.

 

Los movimientos estudiantiles de la Universidad (FEUU) y de Secundaria habían agudizado sus conflictos frente al poder ejecutivo, los cuales se vieron agravados a partir del año 1968, momento en que también cayeron abruptamente las partidas presupuestales asignadas a la educación.

 

Esta crisis de la educación era el reflejo de una sociedad económicamente estancada, socialmente convulsionada y políticamente agotada. En este contexto, las políticas educativas tienden a perder especificidad; a partir de 1970, todo cambio será sinónimo de intervención del poder ejecutivo, lo que significará a nivel educativo la pérdida de especificidad del discurso pedagógico.

 

Con la justificación de organizar y ordenar el sistema educativo, el gobierno comenzó a transitar desde una política liberal, no intervencionista en el ámbito de la enseñanza, respetuosa de la autonomía lograda, a una política intervencionista, que se tradujo en sucesivas medidas restrictivas de dicha autonomía. Algunos de estos gestos del ejecutivo en su pretensión de lograr un mayor control sobre la educación son: El Proyecto de Creación del Consejo Superior de Enseñanza (COSUPEN); la intervención de los Consejos de Enseñanza Secundaria y UTU entre febrero de 1970 y junio de 1971 y la sanción de la Ley 14.101 de Educación General.

 

Myriam Southwell plantea para el caso argentino algo que puede ser extensivo al caso uruguayo; expresa:

 

El orden ocupó un rol articulador en todas las propuestas educacionales, así como para otras dimensiones sociales; el reestablecimiento de un “orden perdido”, fue la principal idea del discurso educacional del régimen2.

 

La Ley 14.101 pretendió cumplir un rol fundamental para reestablecer ese “orden perdido”, constituyéndose en un instrumento de cambio para el sistema educativo.

 

Si bien el Presidente de la República, J.M. Bordaberry expresa que la ley despolitiza la enseñanza, justificando que a partir de su sanción el poder ejecutivo puede defenderla de influencias marxistas, la educación a partir de entonces ya no será apolítica ni neutral.

 

El lenguaje pedagógico entra en crisis, los principios rectores de la educación nacional comienzan a ser cuestionados.

 

Como el mismo Ministro de Educación y Cultura lo expresara en su momento, el cambio a que se tiende en el sistema educativo es un verdadero “proceso de renovación de la educación nacional”. A partir de este momento entonces la autonomía no podrá formar parte de este “proceso” puesto que se encuentra totalmente dirigido por el poder ejecutivo.

 

Así, en nombre de la Ley 14.101 y justificando mantener el orden y la seguridad social es que como expresa Myriam Southwell:

 

El régimen intervino en todos aquellos aspectos que conforman el discurso pedagógico, y que –por lo tanto- hacen pedagogía: sobre los planes de estudio, sobre el cuerpo de profesores, sobre las reuniones y los modos de relacionarse, sobre el control bibliográfico, sobre los modos de evaluar a los pares y a aquellos que no lo son, sobre los modos de habitar el espacio físico, etc.3

 

Estamos frente a un nuevo concepto de autoridad, posibilitado por una Ley que no brinda ningún tipo de garantías a los individuos sino prerrogativas a la autoridad. Romano expresa:

 

orden y autoridad pasan a fusionarse, subordinando la ley a su arbitrio. Ésta se convierte en un instrumento del orden, y una prerrogativa de la autoridad (...) El nuevo orden también se aprende en la escuela.

 

 

Los “potenciales enemigos” del gobierno dictatorial

 

El nuevo escenario en el que se llevó a cabo el “proceso cívico – militar” (como debían nombrar oficialmente los medios de comunicación a la dictadura) justificaba las acciones que realizaba en lo socio-cultural tomando como base un diagnóstico de crisis en los variados aspectos que conformaban la vida de la sociedad nacional, de lo cual se deduce que:

  • un nuevo modelo económico de país requería un proyecto complementario en el ámbito de la cultura y la educación;

  • el plan de exterminio, tortura, disolución de instituciones, etc. requería un plan complementario de represión cultural, en el cual el sistema educativo sería un centro privilegiado de acción.

  • si se proponía destruir un estado de conciencia colectivo, entonces también había que censurar en el terreno ideológico para destruir lo construido hasta el momento en la cultura y en la educación.

 

De esta manera, para imponer un nuevo modelo, la dictadura necesitaba destruir las prácticas que no estaban en consonancia con sus propósitos, muchas de ellas que caracterizaban al sistema educativo hasta entonces; lo cual implicaba la lucha contra todos aquellos que pudieran convertirse en sus potenciales enemigos para la consecución de nuevos objetivos que trascendían el cambio de programas, la prescripción de nuevos contenidos, la censura de libros o la destitución docente; perseguían la defensa de “verdaderos valores democráticos”, proceso en que la educación jugaría un rol fundamental.

 

El gobierno dictatorial necesitaba esos enemigos potenciales para justificar su intervención en las instituciones educativas, donde se constituían en especialmente peligrosos por su contacto e influencia sobre las generaciones más jóvenes. Así que tuvo que “crearlos”, “gestarlos”, “identificarlos” para luego luchar contra ellos. La permanencia de esos enemigos será lo que justificará la necesidad de mantener el orden y la seguridad; enemigos internos, que aún derrotados, no se consideren eliminados definitivamente, de modo que su presencia latente implique un riesgo de resurgimiento y justifique el rol de juez, legislador y educador que el poder ejecutivo asumirá a través de las FFAA.

 

El discurso oficial ponía de manifiesto que la “subversión” había infiltrado la matriz institucional educativa y se constituía como el gran enemigo a derrotar. En la revista “El Soldado” el Coronel Soto destaca una y otra vez el daño moral a que son expuestos los jóvenes en las instituciones liceales. En todas las publicaciones y propagandas de la época se pretendía mostrar a la población la situación desastrosa que el poder ejecutivo deseaba solucionar, destacando el tema moral. Al respecto Appratto y Artagaveytia, expresan:

 

Las publicaciones del período nos muestran el campo de la educación en los años previos a la dictadura como totalmente infiltrado por el “enemigo interno” comunista y tupamaro (...) Habrían sido múltiples las estrategias de manipulación de los jóvenes utilizadas por el enemigo, en especial el Partido Comunista, según se desprende de estas publicaciones que expresan la visión de la dictadura sobre el tema educación4.

 

Así, se presenta al ámbito educativo como un campo de batalla entre buenos y malos, entre enemigos “internos” contra fuerzas que defienden la nacionalidad, la democracia y el orden.

 

De uno de los documentos que puede ser caracterizado como de los más importantes del Coronel Soto: “Occidente ante la coyuntura marxista”, se desprende su filosofía educacional y es posible deducir del mismo sus potenciales enemigos: los totalitarismos, el liberalismo político, el liberalismo económico y el marxismo, considerando a este último como el culpable de todos los problemas educativos del momento.

 

La existencia de esos “enemigos” inmiscuidos en el ámbito educativo por falta de control por parte del Estado, justifican ahora la íntegra intervención de éste. La única forma de impedir la irrupción de la “subversión” será a través de la vigilancia y control permanente.

 

A partir de ahora, las FFAA pretenderán constituirse en el principal “educador” del pueblo, y justificarán su accionar dentro del sistema de Enseñanza Secundaria a través del postulado del logro de una educación integral que intentará abarcar todos los aspectos de la personalidad de los jóvenes.

 

Se pretende regular toda la vida institucional, así como de estudiantes y docentes, justificados en la existencia de “enemigos internos”, confundiendo los ámbitos público y privado, y amparados en la ley de educación que en el artículo 23 establece que “todos los funcionarios están obligados a cumplir y hacer cumplir la ley”.

 

El enemigo era tan poderoso que se necesitó legalizar la lucha que contra él se emprendería. Así, a través del Decreto 1026/973 se justificará el accionar contra el marxismo latente a través de la infiltración personal y a través del uso de libros parcializados por parte de los docentes (ver anexos). Este documento expresa la necesidad de combatir al principal mal: “el marxismo”, por lo que habrá que atacar su infiltración a través de los docentes, personalmente y a través de los textos que usan y ponen a disposición de sus alumnos.

 

Creemos que esta fuente documental es fundamental porque deja en evidencia la creación por parte del CONAE de los dos enemigos potenciales contra los que deberá luchar dentro del Consejo de Educación Secundaria, enemigos que su existencia o no, justificará todas las medidas que comience a tomar a fin de cumplir legalmente con el Decreto 1026/73, en materia de censura cultural e ideológica.

 

A partir de la comunicación de este documento a todos los docentes, mediante el cual además se exige que cada funcionario de la Educación Secundaria tome conocimiento de lo expresado en el mismo, ya no se necesitará explicar ni dar razones o causas de la prohibición de determinados libros y autorización de otros, ni de la destitución de docentes que no cumplan con lo allí expuesto.

 

Como este mismo documento lo afirma en el punto II, el Decreto 1026/73 constituye la solución para luchar contra “el marxismo”, ya que jurídicamente posibilita la defensa eficaz del sistema constitucional de nuestro país. Incluso, se manifiesta expresamente el carácter retroactivo del mencionado marco legal, por lo cual deja sin efecto anteriores resoluciones al respecto. El control podrá ser total, está justificado legalmente, los enemigos fueron identificados y no faltó la normativa jurídica que avalara una guerra que recién se iniciaba.

 

Los libros y textos censurados

 

Siguiendo lo proclamado por la Doctrina de Seguridad Nacional, los libros y textos se constituyeron en potenciales enemigos del régimen si bien la intervención al respecto estará condicionada a la dinámica propia del sistema educativo.

 

La utilización de libros y textos parcializados constituía un peligro latente de infiltración de la “subversión” y del “marxismo”. Desde la perspectiva de las autoridades del gobierno dictatorial, había una necesidad ineludible de identificar todo aquello que fuera marxista5, que se evidenciara explícita o implícitamente, ya que en palabras de Invernizzi y Gociol:

 

...el marxismo podía estar “camuflado” como las tropas especiales, o infiltrado como un espía. Era pensado como un combatiente guerrillero que ataca por sorpresa, se maneja en la clandestinidad, usa nombres falsos6 .

 

El campo educativo -en general- y los libros y textos -en particular-, constituían un escenario privilegiado en el cual identificar a este “huidizo y proteico adversario”. Invernizzi y Gociol expresan:

 

Para definir “algo marxista” los análisis de inteligencia se tomaban el trabajo de buscar ciertas referencias claves como “lucha de clases, o “materialismo dialéctico”, o bien la presencia de ciertos autores como Marx, Engels, Ernesto Che Guevara, Lenin, Trotski o Mao, así como otros menos populares en el ambiente de la teoría marxista como Herbert Marcuse, Antonio Gramsci, Paul Baran o Samir Amín (...) Para definir “algo subversivo” buscaban la presencia de categorías más amplias y heterogéneas como: “cuestionamiento del orden familiar”, “sindicalización”, “aborto”, “libertad sexual”, “teología de la liberación”. O a autores como Nietzsche7.

 

Así, la identificación de algo “marxista” estaba referida a la búsqueda de un cuerpo teórico más o menos preciso, mientras que la identificación de lo “subversivo” se orientaba a la búsqueda de un conjunto de ideas más amplias que conspiraban contra “el sentir nacional”.

 

La amplitud bibliográfica objeto de estudio y calificación ideológica es difícil de cuantificar: obras de uso docente y para alumnos, de todas las materias, en español y aún aquellos no traducidos. En fin, la cultura liceal misma porque “el enemigo” podía estar en cualquier parte. Enemigo que justificará un estricto control de la bibliografía existente, de la cultura en sí misma, de la libertad de leer, escribir, decir o pensar...

 

No cabe duda que los militares pensaban que la lucha en el campo cultural era importante y peligrosa por lo cual si se deseaba ganar esa batalla en el campo de la Educación Secundaria, habría que organizar una estructura operativa dependiente del CONAE que garantizara el triunfo.

 

Como forma de implementar este sistema operativo de censura y control bibliográfico se crea en el año 1973 la Comisión Asesora de la Biblioteca Central y posteriormente en el año 1975, la Comisión Asesora de Libros y Textos, con cometidos más amplios que la primera y abarcando el control bibliográfico de todas las dependencias del Consejo de Educación Secundaria.

 

La Comisión Asesora de la Biblioteca Central tenía como cometido decidir en la adquisición de libros y demás materiales para dicha institución. En el año 1975, se le confirió además la facultad de realizar un control cultural sobre el material existente, para lo cual se le autorizó reducir los horarios de atención al público para cumplir con tal fin.

 

Esta primera Comisión con funciones de control bibliográfico puede considerase antecedente de una estructura de control más amplia que se integrará en el año 1975 y que funcionará hasta el final del período dictatorial: la Comisión Asesora de Libros y Textos, dependiendo directamente de la Dirección General de Educación Secundaria.

 

El 17 de marzo de 1975 a través de una Nota Circular se explicita la integración de la misma y en el mes de mayo del mismo año, a través de la Circular 1372/73 se expresa la fundamentación que justifica la instalación de esta Comisión; estableciendo además sus principales normas de funcionamiento así como sus cometidos, considerando como el principal objetivo de la misma: Asesorar al Consejo de Educación Secundaria Básica y Superior en todo lo relativo a los libros de texto de Educación Secundaria.

 

Es sorprendente como se intentó justificar ampliamente la creación de este mecanismo, citando los principios de figuras como Artigas, Varela, Larrañaga, Vázquez Acevedo, Elbio Fernández, que junto con una fundamentación técnico – filosófica dotaban de fuerza a esta estructura de control y censura ideológica que ya comenzaba a trabajar. Constituye el primer documento que justifica el funcionamiento de este mecanismo de control que funcionará con el criterio típico de máxima centralización ideológica – política y amplia descentralización operativa a través de lo que cada liceo deberá remitir, informar, enviar a la Comisión Asesora de Textos.

 

El 13 de mayo de 1975 es enviado a los liceos de todo el país, mediante Circular Nº 1373/975 el Reglamento de Funcionamiento Interno de la Comisión Asesora de Textos. Mediante el mismo se establece que dicha Comisión no podrá reunirse menos de cuatro veces mensuales, argumentando además que podrán existir secciones extraordinarias o de urgencia las cuales serán dispuestas por el Presidente designado. El mecanismo de control bibliográfico fue organizado, de acuerdo a este reglamento en cuatro sectores:

  1. Idiomas extranjeros.

  2. Historia, Idioma Español, Literatura, Filosofía, Derecho, Cultura Musical, Ciencias Geográficas.

  3. Matemática, Física, Química, Dibujo.

  4. Ciencias Biológicas.

De esta manera, para cada sector serían designados integrantes entendidos en la materia que debían evaluar.

 

Se establece expresamente en este documento la posibilidad de ser sancionada la misma Comisión en caso de no actuar debidamente.

 

Si bien no existe documentación alguna que haga referencia a cuál sería el mecanismo de integración de esta Comisión como tampoco cada cuánto tiempo se llevaría a cabo, es de destacar que en algunos años se realizaron reiterados cambios en los integrantes de la misma, lo que hace suponer que la gran movilidad en los cargos públicos no fue un hecho del que se mantuvo ajena la designación de los integrantes de la Comisión Asesora de Libros y Textos.

 

La creación y accionar de la Comisión Asesora de Libros y Textos se justifica legalmente desde el Decreto 1026/73 y desde la Ley 14.101. Sin embargo la lucha contra este enemigo se efectiviza de acuerdo a la dinámica propia del sistema educativo ya que contrariamente a lo esperado con el quiebre institucional que produce la creación de la Comisión Asesora de Libros y Textos, los mecanismos a través de los cuales va a funcionar se caracterizan por presentar una continuidad estructural que permanece inalterable: no existen listas de libros prohibidos; se sugiere, se recomienda, se aconseja bibliografía de consulta y de cabecera para los docentes y alumnos.

 

Términos tales como: “no autorizar”, “no aconsejar”, “retirar”, son utilizados para indicar que los mismos no deben ser usados por los docentes, tampoco por los alumnos, y de ninguna manera deben seguir formando parte de las bibliotecas liceales.

 

Si bien no hay causas explícitas de la no autorización, se expresa la exigencia de un “fiel cumplimiento” de la disposición manifestada en cada uno de ellos por parte de las direcciones liceales y de cada uno de los docentes.

 

Los libros autorizados y aconsejados comprenden una lista muy extensa mientras que la cantidad de libros no aconsejados, es por demás escasa. Característica propia de esta lucha que respeta la dinámica institucional del sistema educativo y que se constituye en si misma en una estrategia para lograr uno de los “éxitos” de la dictadura que fue imponer la autocensura por parte de los docentes.

 

Los profesores sólo usaron aquellos libros y textos que estaban “permitidos”, “autorizados” o “aconsejados”, mientras que no sólo dejaron de utilizar lo “no recomendado”, sino también lo que era objeto de duda y de temor.

 

De esta manera, se ocultaron libros, se destruyeron textos y algunos profesores muy audaces continuaron usando aquellos que estaban acostumbrados, pero forrados, ocultando sus autores y no expresándolo en la documentación que a tal fin solicitaban las Inspecciones Docentes.

 

El control bibliográfico era estricto, la lucha ideológica estaba instalada, la cultura liceal debía dejar de leer y de pensar. Se había instalado el miedo como mecanismo para que el docente fuera quien confeccionara su propio código de “lo prohibido”.

 

Los docentes destituidos

 

A diferencia de lo sucedido respecto a los libros y textos, la intervención de la educación por parte de las FFAA queda totalmente de manifiesto con las medidas adoptadas frente a su otro enemigo interno: los docentes.

 

Diversos fueron los mecanismos creados por el Gobierno Dictatorial para justificar el control, el orden y la expulsión de este “enemigo” dentro del ámbito de la Educación Secundaria. Tal como lo expresan Appratto y Artagaveytia:

 

Los sumarios con separación del cargo con o sin goce de sueldo, con o sin derechos jubilatorios8 fueron una de las primeras medidas, que iban a continuar con intensidad hasta 1976. En realidad, los sumarios por razones políticas o gremiales se habían iniciado en la Educación Media antes, en el 70. Pero después del Golpe se hicieron mucho más numerosos y frecuentes. Las razones podían ser de lo más diversas: la actividad gremial o política, el haber participado como delegado partidario en las mesas electorales en 1971. Casi cualquiera podía ser considerado un enemigo para la seguridad interna9.

 

Así, de acuerdo a la Circular Nº 1140/970/AJ, el 7 de julio de 1970 se aprueba el anteproyecto de creación de la Oficina de Sumarios de Enseñanza Secundaria, haciéndose efectiva la misma a partir de la sesión del 4 de setiembre del mismo año. En esta misma Circular se expresa:

 

...a la Oficina de Sumarios de Enseñanza Secundaria se cometerá toda investigación sumaria o sumario administrativo que se disponga por resolución del Consejo o de la Dirección General de Enseñanza Secundaria”. Esta oficina dependerá de la Dirección General de Enseñanza Secundaria y será dirigida por un funcionario con capacitación técnico – jurídica que ejercerá el cargo de Director de la misma. En relación a este cargo, en la Circular Nº 1158/971/GCC se expresa: “...el cargo de Director de la Oficina de Sumarios será rotativo. La rotación será cada 2 (dos) meses entre los profesionales abogados integrantes de la misma.

 

A partir del año 1970, existía todo un sistema constituido para sumariar docentes y la movilidad y rotación en los cargos comienza a ser una constante que se repite sin importar la jerarquía o función del mismo.

 

En el año 1973, se establecen normas específicas con el fin de reglamentar y justificar las acciones ejercidas para con los funcionarios detenidos o procesados por la justicia. Así, de acuerdo a la Circular Nº 1293/973/OGU se resuelve:

 

Los funcionarios suspendidos preventivamente por la Autoridad, debido a la detención o procesamiento por la Justicia Penal (Ordinaria o Militar), no podrán concurrir a las oficinas o dependencias de Educación Secundaria sin autorización de la Dirección General del Servicio.

 

A partir del año 1974, los controles sobre los funcionarios del Consejo de Educación Secundaria se vuelven cada vez más estrictos así como también las condiciones que deben cumplir los aspirantes a desempeñarse como docentes:

 

Ser maestros o bachilleres con iguales derechos, b) Demostrar probada fe y reconocida actividad democrática y declarar previamente y por escrito, conocer y aceptar la Ley Nº 14.101 y especialmente los artículos 22, 25, 28 y 19 de dicha Ley.10

 

La Ley 14.101 se constituye en un instrumento de cambio del sistema educativo, teniendo como función principal reestablecer el orden perdido. Una mezcla de discursos se entretejen en los artículos que hemos expuesto anteriormente: la seguridad y el control emanados del discurso militar; la insoslayable necesidad de hacer cumplir los fines primarios del Estado proveniente del discurso político y la persecución de un objetivo primordial de orden nacional: el bienestar público, proveniente de un discurso filosófico - político.

 

El control y el orden se constituyen por sí mismos en objetivos a seguir; todo lo que atente contra ese orden será eliminado, por tanto los mismos artículos que exponíamos anteriormente se constituirán en causales de destitución.

El control aumenta proporcionalmente con el paso del tiempo y en el año 1975, se produce, en palabras de Appratto y Artagaveytia:

 

una especie de intervención dentro de la intervención11, por parte de las fuerzas armadas (...) Se constituyó la Comisión Supervisora de la Enseñanza, integrada por oficiales generales con poder de decisión mayor al del Ministerio de Educación. Casi inmediatamente los docentes comenzaron a ver cambios en el personal12.

 

Es además el año de mayor movilidad y rotación de docentes. Esta acción de nombramientos y reubicaciones permanentes del personal, constituye en sí mismo un mecanismo de control, y vigilancia que se daba a conocer públicamente en la prensa nacional como forma de poner en conocimiento del pueblo uruguayo, las medidas de “salvación y purificación” que el poder ejecutivo tomaba a fin de preservar los valores nacionales y “curar” la sociedad enferma.

 

En el año 1976, los sumarios prácticamente terminaron con la aprobación del Acto Institucional Nº 713, que pone fin a la inamovilidad de los funcionarios civiles de la administración pública. La situación de disponibilidad se fundamenta en motivos de supresión o reorganización de servicios o por razones superiores de interés público. Establece, además, que todas las designaciones futuras tendrán carácter provisional por el término de un año al cabo del cual el nombramiento puede cesar sin especificación de causa alguna.

 

A partir de este momento, el estar incluido en una lista sin ninguna explicación, significaba ser expulsado, sin ni siquiera las dudosas garantías del sumario.

 

De esta manera, entre el año 1976 y 1977, mediante los mecanismos creados, se ve ampliada la potestad del Consejo en materia de destituciones. A partir de este momento las atribuciones del Consejo de Educación Secundaria van “hasta la destitución del funcionario sumariado cuando ello corresponda”14.

 

Un nuevo mecanismo de control se comienza a implementar en el año 1976; los funcionarios deberán probar “notoria fe democrática”. Esta medida se concretó con el Nuevo Estatuto Docente: La Ordenanza 28 que otorgaba carácter obligatorio a formular bajo juramento una declaración:

  1. de adhesión al sistema de gobierno democrático republicano instituido por la Constitución de la República.

  2. de no pertenecer a organizaciones sociales o políticas que, por medio de la violencia o de propaganda incitadora de la violencia tiendan a destruir las bases fundamentales de la nacionalidad.

  3. de repudio a los regímenes que por su doctrina persigan esa finalidad.

 

Appratto y Artagaveytia expresan,

 

La educación privada no iba a quedar a salvo de este proceso. Con la aplicación de la Ordenanza 1415 las autoridades controlaban a quienes ejercían como directores y docentes. Se les exigía “probada fe democrática”, y no podían trabajar aquellos que hubieran sido destituidos o sumariados de la educación pública (...) Como consecuencia de estas exigencias algunas prestigiosas instituciones renunciaron o no solicitaron la habilitación o desafiaron las sanciones acogiendo a docentes cuestionados”16 .

 

En noviembre del año 1978 se da a conocer el Boletín Nº 15/1978, que agregará a partir del 1979, un nuevo control en la Administración Pública: la obligación de la “Constancia de habilitación para cargos públicos” que dividía a las personas en tres categorías: A, B o C (según sus antecedentes) que debía ser renovada cada cinco años en las Seccionales Policiales que correspondían a su domicilio.17

 

Al mismo tiempo se establecieron una serie de medidas que sólo podían obedecer a las mismas razones de identificación y control. Por ejemplo, se centralizó toda la información sobre los funcionarios y se obligó a las funcionarias a usar su apellido de casada.18

 

La destitución de docentes no cumplió regularidad alguna como así tampoco la comunicación de que el funcionario no trabajaría más en el sistema; la documentación existente es ambigua, discontinua e incluso inexistente para destituciones realizadas a través de llamadas telefónicas.

A los efectos de clasificar las causales de destitución podemos hacer referencia a:

  1. Causales justificadas legalmente: entendiendo por las mismas aquellas que hacen referencia a artículos de una Ley, Actos Institucionales, Ordenanzas o Circulares.

  2. Causales literalmente explicitadas: tal es el caso de aquellas que hacen referencia: al carácter provisional del cargo ocupado, a la incapacidad para el desempeño normal de las funciones, omisión administrativa, delito, falta administrativa grave, abandono del cargo, entre otras tantas similares.

  3. Causales de carácter implícito: para aquellos casos de documentos en los que no se especifica explícitamente la causal, lo cual nos obliga a realizar un estudio retrospectivo de normativas y documentación para deducir la/s misma/s.

 

El funcionamiento del Consejo de Educación Secundaria en general y de los mecanismos de destitución docente en particular, tienden a ajustarse a la Ley 14.101 y toda reglamentación emanada en este período está supeditada y hace referencia a esta Ley.

 

La política de destituciones se va a justificar desde lo doctrinal, desde la posibilidad de combatir toda actividad docente capaz de infiltrar formas doctrinales “impuras” que debiliten el sentimiento de nacionalidad y atenten contra la formación del “nuevo oriental” que se deseaba formar por parte del régimen.

 

En la Ordenanza 1719 se expresa como requisito para ingresar como funcionario al Consejo de Educación: “Acreditar una conducta moral acorde con los fines del organismo y las obligaciones del cargo”; y seguidamente como causa que puede determinar el cese del funcionario, establece: actos contrarios a la moral y las buenas costumbres o la incorrección de procederes en el desempeño de su actividad; tratándose de docentes, se considerará causal de cesantía la posesión de antecedentes negativos que inhiban para la formación moral de los estudiantes”.

 

La anterior ordenanza expresa implícitamente la concepción de conocimiento a transmitir por parte del organismo interventor. El conocimiento es entendido aquí, básicamente como conocimiento moral, como adaptación a un sistema dado, evitando todo tipo de desvío de conducta; podríamos definirlo como un proceso de homogeneización conductual.

 

El conocimiento intelectual cede su lugar tradicionalmente central al conocimiento moral; por tanto los mejores profesores serán los primeros destituidos por el régimen, no importa la formación intelectual del profesor sino que adquiere importancia la infiltración ideológica, las posibilidades que éstos docentes puedan brindar a sus alumnos enseñándoles a pensar por sí mismos, a reflexionar; lo cual atenta contra este modelo que se intenta establecer, en el cual educación y orden son prácticamente sinónimos.

 

Todos – alumnos, padres, funcionarios – deben actuar socialmente de la misma manera; la función social de la educación se traduce en un marco reproductivista de una serie de conductas y comportamientos que todos deben compartir. De no ser así, en nombre de la Constitución de la República (que incluye las actas institucionales aprobadas por el régimen) y de la Ley 14.101 se juzgará al docente como incompetente para el logro de la formación moral del alumno y será motivo suficiente de cese del funcionario.

 

En el Art. 184 de la Ordenanza Nº 10, se establece que todos los funcionarios están obligados a cumplir y hacer cumplir la Ley para evitar ser sancionado, todo funcionario debe denunciar aquellas situaciones que considere como sospechosas. Ahora bien, ¿cuáles son esas situaciones? No se sabe, en ninguna reglamentación se especifica al respecto. De igual manera sucede con lo que se considera ilícito, incorrecto y prohibido según la Ley. No está definido, la reglamentación es ambigua e indeterminada por lo cual casi cualquier acto puede ser considerado causal de destitución, y por tanto, cualquier funcionario puede convertirse en un expulsado más del sistema.

 

La ambigüedad e indeterminación de las reglamentaciones así como la reiteración que entre ellas prevalece, es capaz de justificarlo todo; la Ley se adapta a los objetivos del Gobierno Dictatorial.

 

Cada una de las reglamentaciones que se citan como causales de destitución, en nombre de la Ley 14.101 habilitan a que la autoridad intervenga cada vez que sea posible en nombre del bien nacional. Tal como lo expresa Romano:

 

... lo importante no es que la autoridad actúe conforme a la ley, sino que la autoridad por mandato de la ley, no deje de intervenir.

 

Para los casos en que las causales aparecen literalmente explicitadas, también la Ley y las reglamentaciones, aparecen en forma implícita, ya que esas mismas expresiones literales que ofician de “causal” están comprendidas en las mismas. Aquí la Ley, la norma, la reglamentación, no se nombra ya que no es necesario hacerlo.

 

La Ley otorga el poder legal necesario y suficiente para destituir, a su criterio, adaptando el texto legal a su conveniencia e incluso sin expresión de causa alguna como puede verse en una gran cantidad de documentos, que hemos clasificado bajo el título de causales de carácter implícito.

 

Si atendemos a todos los documentos explicitados como causales de destitución (cargados de reiteraciones que reafirman por sí solas su poder e imperativo de control) podemos establecer, que los posibles argumentos utilizados por el Gobierno Dictatorial para destituir funcionarios del Consejo de Educación Secundaria fueron:

  • Pertenecer a organizaciones sociales o políticas que por medio de la violencia, tiendan a destruir las bases fundamentales de la nacionalidad.

  • Poseer antecedentes judiciales, policiales o relativos a la seguridad nacional que inhiban para la función pública.

  • No acreditar una conducta moral acorde con los fines del organismo.

  • Ineptitud física y/o mental.

  • Omisión, omisión administrativa u omisión grave en sus deberes funcionales.

  • Delito.

  • Carencia o pérdida de las condiciones indispensables para desempeñar el cargo.

  • Renuncia aceptada.

  • Actividad proselitista comprobada.

  • Realización de actividades prohibidas, consideradas ilícitas o contrarias a la Constitución de la República.

  • Negligencia puesta de manifiesto en el desempeño del cargo.

  • Reiteradas faltas de asistencia o puntualidad sin justificación.

  • Actos contrarios a la moral o las buenas costumbres.

  • Incorrección de procederes en el desempeño de las funciones.

  • Posesión de antecedentes negativos que inhiban para la formación integral del educando.

  • Atentar contra la seguridad del Estado.

  • La no denuncia de actividad considerada sospechosa que atente contra el orden y seguridad del Estado.

  • Inconducta.

  • Carácter provisional del cargo.

 

Lo cierto es que todos los argumentos presentados, explícita o implícitamente persiguen el mismo objetivo: expulsar al enemigo, quien en definitiva, a través de sus acciones, justifica el control por parte de la autoridad.

 

De la misma manera que fue necesario para el régimen crear sus propios enemigos para justificar el control que ejerciera en forma desmedida; fue necesario también crear reglamentaciones, mecanismos de control que justifiquen causales de destitución tan ambiguas, que casi cualquier actividad podía convertirse en una causa para expulsar el enemigo y que por lo tanto justificaba el poder, la autoridad, el control.

 

Reflexiones para concluir

 

Desde el primer momento, el gobierno dictatorial uruguayo consideró que para hacer perdurar el nuevo régimen que se pretendía imponer, el poderío militar necesitaba un sustento ideológico. Pensaban que sólo podrían conseguir la afirmación de la nueva institucionalidad desarrollando una ideología capaz de incidir sobre “la mente humana”.

 

El campo educativo fue especialmente considerado para intervenir en él e imponer la ideología de la que eran portadoras las FFAA mediante la emergencia de un significante vacío que unificó la totalidad de discursos producidos: el “orden”. El restablecimiento del orden lo justificaría todo y el sentido que se le otorgará a la educación estará en concordancia con las acciones llevadas adelante por las FFAA en otros planos de la vida social para lograr la tan ansiada pacificación.

 

Visto de esta perspectiva, la educación se constituyó un elemento fundamental en la estrategia de pacificación del régimen, convirtiéndose, en la cara de una moneda que de un lado, incluía a la represión física, las torturas, las cárceles y por el otro, la represión ideológica, la destitución de docentes y funcionarios, y la prohibición de libros.

 

Las acciones asumidas por el gobierno militar en el ámbito de la educación no fueron hechos aislados ni fortuitos, sino que respondieron a un plan sistemático necesario para luchar contra sus “potenciales enemigos”.

 

No obstante, este accionar presentó cierta especificidad si lo analizamos comparativamente con lo sucedido en otros ámbitos sociales: el hecho de crear sus potenciales enemigos internos: libros y docentes; la existencia de dos mandatos contradictorios en el ámbito educativo: la necesidad de garantizar la pacificación en las instituciones y la desconfianza permanente que tenían las FFAA sobre éstas; el mecanismo de censura y prohibición de libros así como los criterios de destitución docente, configuran de manera particular la intervención de las FFAA en el ámbito educativo.

Especificidad que se entiende y configura como tal por el accionar dentro de una cultura institucional propia que permanece estable y actúa como una matriz que obstaculiza la pretendida homogeneización de la intervención de las FFAA en todos los ámbitos sociales.

 

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Anexos


 

1 Maestra - Licenciada en Ciencias de la Educación. Opción Investigación. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación.

Inspección Departamental de Educación Primaria e Inicial. Integrante del equipo de investigación "Educación y Dictadura" del  Departamento de Historia y Filosofía de la Educación de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación.

 

2 Southwell, Myriam, “Ciencia y penitencia: dictadura, pedagogías restrictivas y formación de pedagogos” en: Dictadura y Educación. Tomo II. P. 121.

3 Op. Cit. P. 157.

4 Appratto, C. Artagaveytia, L. “La educación” en: El Uruguay de la Dictadura (1973 – 1985), Montevideo, Banda Oriental SRL, 2004. Pp. 223 – 224.

 

5 Entiéndase que se trata de aquello que los militares denominaban “el marxismo” (como si fuera un ente con vida propia), independientemente de la correcta o incorrecta caracterización de la teoría marxista propiamente dicha.

6 Invernizzi, H. & Gociol, J. Un golpe a los libros. Represión a la cultura docente durante la última dictadura militar. Bs. As. Eudeba, 2007. P. 49.

7 Op. Cit. P. 50.

8 La reglamentación estableció que si la separación del cargo era inferior a tres meses podía ser con o sin goce de sueldo, mayor a tres meses siempre sin sueldo.

9 Appratto, C. Artagaveytia, L. “La educación” en: El Uruguay de la Dictadura (1973 – 1985), Montevideo, Banda Oriental SRL, 2004. P. 232.

10 Requisitos indicados en la Circular Nº 1315/974.

11 Es también en el año 1975, mediante la circular Nº 1369/975/JCF que se plantea la intervención por parte del mismo Consejo.

12 Appratto, C. Artagaveytia, L. “La educación” en: El Uruguay de la Dictadura (1973 – 1985), Montevideo, Banda Oriental SRL, 2004. P.233.

13 Creado el 27/06/76. Los Actos Institucionales fueron resoluciones normativas del Poder Ejecutivo (características del Proceso) con la forma de un decreto y que tenían por objetivo la Reforma del Estado.

14 Circular Nº 1452/976.

15 Aprobada el 21 de octubre de 1975.

16 Appratto, C. Artagaveytia, L. “La educación” en: El Uruguay de la Dictadura (1973 – 1985), Montevideo, Banda Oriental SRL, 2004. P.233.

17 La categoría A se adjudicaba a las personas consideradas sin problemas para desempeñar cualquier cargo público; la B establecía severas restricciones para los que las tuvieran y los calificados con C corrían el peligro de ser destituidos de inmediato. (En Appratto y Artagaveytia, 2004:234).

18 Expresado en la Nota Circular Nº 290/79 TC.

19 Citada en la mayoría de los casos como causal de destitución docente.

 

 

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